La cuarentena como "aliada" del poder político estrangula derechos de los venezolanos

18 Ago La cuarentena como "aliada" del poder político estrangula derechos de los venezolanos

Venezuela arriba a los 155 días de cuarentena tras detectarse los primeros casos de coronavirus el viernes 13 de marzo de 2020 y declararse la medida restrictiva el lunes 16 del citado mes. Hasta ahora, la llegada de la pandemia al territorio ha significado el detonante de una seguidilla de calamidades que el ciudadano debe afrontar desde hace ya algunos años pero que se magnifican con el temor al contagio en un contexto sanitario completamente decadente y nulas respuestas compensatorias del actual factor de poder que pareciera contar en el Covid-19 con un aliado para el fortalecimiento de su estatus, por demás ineficiente y represor. A la par, se despliega una cruenta lucha por derechos civiles fundamentales.

Lejos quedó el optimismo de los primeros reportes de contagios de Covid-19 ofrecidos en el mes de marzo cuando el total de afectados no alcanzó los 200. Para el momento la cifra rebasa los mil diarios. El ritmo se ha acelerado en proporciones espeluznantes si se considera la debacle que enfrenta el sistema de salud y la ausencia de condiciones que garanticen una adecuada atención a los pacientes que, en algunos casos, han optado incluso por huir de dichas instituciones. Un reflejo del horror hospitalario producto de años de desidia derivados en una emergencia humanitaria sin precedentes.

 

 

Sin embargo, el venezolano debe preocuparse mucho antes y lo hace sin contar con el normal funcionamiento de los servicios básicos como el suministro de agua, electricidad y el acceso al gas doméstico, lo cual hace imposible cumplir con los protocolos fundamentales instruidos para el manejo del virus. El reiterado lavado de las manos y el distanciamiento social quedan para la teoría.

 

 

De acuerdo con datos de la Asociación Civil Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de la mitad de los habitantes de Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto, evaluaron de forma negativa la calidad del suministro de agua potable (66,8%) y energía eléctrica (57,6%). La realidad obliga al almacenamiento, el pago de camiones cisternas y la compra de agua embotellada. Los costos se traducen en moneda americana transada en un mercado paralelo que lo fija, para el momento, en la barrera de los 300.000 bolívares, un revés histórico para el denominado socialismo aunque pareciera no representar mella en el poder político, hecho que se agrega a las tantas paradojas de la historia venezolanas de las últimas dos décadas.

En el caso de la electricidad el estudio revela que la evaluaron negativamente urbes como San Cristóbal (89,7%), Barinas (89,0%) y Maracaibo (80,6%). Un 39,6 % reconoció no tomar acción alguna ante las continuas interrupciones optando por esperar a la restitución del mismo.

 

 

En términos del abastecimiento de gas el país atraviesa otra de sus históricas crisis. Según la encuesta anteriormente citada, ante la escasez que se presenta, un 39,3 % de los ciudadanos han optado por comprar una cocina eléctrica, un 33,2% hace uso de la leña mientras que otros porcentajes menores revelan opciones como cocinar con carbón y apelar a las casas de familia que faciliten la cocción de alimentos.

 

 

Es un escenario de carencias, indefensión y arbitrariedades. Un campo minado en medio de una pandemia que ya ha cobrado la vida de más de 750 mil personas a nivel mundial según reporta la Organización Mundial de la Salud y 288 en el país, de acuerdo con datos del gobierno de Nicolás Maduro.

 

Cuarentena sin garantías

Al caos cotidiano del venezolano se suma un amenazante panorama protagonizado por los cuerpos de seguridad del Estado a través de la acción ilegal de efectivos militares y civiles.

Excesos, represión, tortura, hostigamiento, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias  y extorsión se unen como un pócima venenosa que hacen de la vida diaria un calvario para el ciudadano común.

La ONG Provea ha hecho públicas distintas irregularidades cometidas en atención al "cumplimiento" de protocolos sanitarios como el uso del tapabocas. En las situaciones denunciadas se registran detenciones de ciudadanos que no atienden el llamado, lo cual debe ser sustituido, en cualquier caso, por el reforzamiento de la labor educativa excluyendo el exceso.

El precario ambiente en el que se desempeña el personal de salud en todo el país ha involucrado igualmente la queja del personal de primera línea que enfrenta al coronavirus, los médicos, quienes han sufrido en múltiples  oportunidades aprehensiones y han sido víctimas de amenazas. Esto, en un contexto absolutamente violatorio de la libertad de expresión que censura la protesta, acción característica del gobierno de turno.

 

En términos del desempeño de la prensa y sus trabajadores en materia informativa, la cuarentena ha significado, sea en términos radicales o flexibles, un continuo hostigamiento.

La ONG Espacio Público hace seguimiento al estatus en la materia y concluye que en el mes de julio se verificaron 30 detenciones y se registraron 61 violaciones del derecho a la libertad de expresión, "siendo la más frecuente la intimidación, seguida por la censura, el hostigamiento verbal y las amenazas", reseña un informe parcial publicado en la web de la institución.

Revela asimismo el reporte que la mayoría de los afectados son periodistas (60%), seguido por medios de comunicación (10%, cuatro afectados), y particulares (7,5%).

Los estudios determinan que en un 59 % de los hechos los victimarios son los cuerpos de seguridad del Estado.

Las cifras parciales de julio hacen repuntar el total del año a 270 casos de esta naturaleza y 686 violaciones del derecho a la información sin contar con las graves dificultades que representan el acceso al servicio de internet a través de la estatal Cantv en todo el territorio venezolano.

 

Estaciones de servicio de gasolina y alcabalas: paraísos de extorsión

Como, tal vez, la paradoja más cruel que enfrenta la nación caribeña está la escasez de gasolina.

La crisis que, aún cuando es padecida desde hace ya algún tiempo, en regiones como Zulia, Táchira y Mérida llegó a Caracas para quedarse. El aparente sosiego ante la llegada de combustible iraní en medio de fuertes tensiones con Estados Unidos en atención a las sanciones impuestas contra Maduro y su gobierno no tardó en disiparse.

Las largas filas en una mermada red de estaciones de servicios comprueban la inoperatividad de las refinerías criollas y con ello, la "formalización" del negocio de la gasolina más allá de su precio oficial en dólares americanos, ya un duro golpe para la agonizante economía doméstica.

Efectivos militares hacen uso de la ventaja otorgada por un sistema corrupto y "compensan" sus precarios ingresos a través de prácticas ilegales que erosionan la capacidad de protesta y alimentan la impunidad.

 

 

A la casi caricaturesca realidad del otrora país petrolero se presenta la fijación de las conocidas alcabalas o puntos de control en atención a las restricciones de movilidad, lo que se ha convertido en un mecanismo propicio para la extorsión.

Las redes sociales han servido de plataforma para las múltiples denuncias sobre el cobro en dólares que "facilite" el tránsito en ausencia de los conocidos salvoconductos, otorgados en muchos casos, atendiendo a intereses ajenos a los que involucra los también conocidos como sectores priorizados en cuarentena.

La calle representa todo un riesgo, más allá de la pandemia y las posibilidades de contraer el coronavirus, los ciudadanos enfrentan el horror de lo incierto, del azar, de perderse en una ruleta rusa manejada por el propio Estado.

El Covid19 potencia así todas las células represivas del sistema en un espectro inmune a la justicia, respaldado indudablemente por una falta de independencia de poderes calculada en principio y sin pasmo por el artífice de la denominada Revolución.